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El caso de la violación del corralito urbano ya está en manos de la Justicia. Mientras tanto, las preguntas que siguen sin respuesta son dos: Por qué no renunció el titular de la Secretaría de Obras Públicas y quiénes son las empresas o particulados que resultaron beneficiados. Lea el texto presentado en fiscalía aquí.

SOLICITAN INVESTIGACION-SEÑOR AGENTE FISCAL:

RAUL ALBERTO WOSCOFF, EDGARDO RAUL AYUDE, JOSE LUALDI , y ARTURO JOSE GUEVARA, en nuestra condición de ciudadanos de Bahía Blanca, constituyendo domicilio legal en calle Lamadrid Nro 62 entrepiso oficina 1 y 2 de esta ciudad, al Señor Agente Fiscal decimos:

Que venimos a solicitar se investigue la situación que en el Diario “la Nueva Provincia” edición del día 5 de julio de 2008, página 6 se titula:” EL MUNICIPIO ADMITIO HABER VIOLADO EL CORRALITO URBANO” , con un subtitulo:” Echaron al arquitecto Soteras”.

Que fundamentalmente solicitamos de acuerdo al relato del diario e información periodística brindada antes de esta fecha y denuncias de vecinos del sector, se determine si ha existido alguna conducta delictiva, al margen de las graves responsabilidades administrativas reconocidas por la Municipalidad de Bahía Blanca.

Conforme la ordenanza que sancionó el llamado “corralito urbano” se determinó la prohibición en la concesión de permisos de construcción de edificios en el sector de la ciudad, detallados en aquella, a partir de diciembre de 2007 y hasta abril de 2008. No obstante, se pudo acreditar que existirían obras comenzadas en ese período no permitido, y el mismo diario acompaña una fotografía de una obra en calle Alvarado al 800 determinándose que el número de expediente corresponde al año 2008. Igualmente se han denunciado obras sin constancias que permitieran acreditar el año del permiso municipal.

De acuerdo a información del mismo diario se habrían otorgado 15 permisos de construcción durante el período de veda de la ordenanza.

Se pretende justificar la situación aduciéndose que no existiría perjuicio ni para los vecinos ni para la municipalidad, algo que la Justicia deberá acreditar. El accionar relatado podría configurar tipos penales que, entendemos, se deben investigar, como incumplimiento de los deberes de funcionario público, y adulteración de Instrumentos Públicos, sin perjuicio de otras calificaciones que el curso investigativo llegue a acreditar, a ello agregamos la reiteración de hechos.

Se puede apreciar que incluso horas antes de reconocer el intendente la realidad, un Secretario de su Gabinete, negaba la misma y es evidente que las responsabilidades, no pueden considerarse meramente administrativas y atribuirse solamente a personal de menor jerarquía, ya que esos expedientes han tenido una tramitación continua, y deben analizarse las conductas de cada interviniente.

Que acompañamos copia del ejemplar de diario” La Nueva Provincia”, del día 5 de julio de 2008, y solicitamos se oficie a la Municipalidad de Bahía Blanca, que remita de inmediato los expedientes comprendidos en las violaciones legales acreditadas.

De igual forma solicitamos se cite a declarar a todos los funcionarios del área , al Señor intendente Municipal, y a los titulares de las firmas que figuren como solicitantes de los permisos, y se intime a estos a que acompañen la documentación que tengan en su poder, todo ello haciendo reserva de ampliar los pedidos de prueba.

Que por lo expuesto solicitamos:Primero: Se investiguen los hechos objeto de denuncia, a fin de acreditar si han existido delitos , luego quienes han sido los responsables en cada una de las áreas municipales, y si ha existido responsabilidad de otras personas o empresas.Segundo: Se provea la prueba peticionada y hacemos reserva de presentarnos como Particular damnificado, atento nuestra condición de vecinos y la normativa del CPP que permite la actuación de quienes se sientan damnificados por los “intereses difusos”.

Proveer de conformidad que SERA JUSTICIA.

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