Fuga y Misterio en la Cárcel

  • Escrito por Gabriel Bermúdez, miércoles 8 de abril de 2015

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A dos dias de ocurrida, aún no hay explicaciones sobre la fuga que protagonizaron en la madrugada del lunes, dos internos de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta en Bahía Blanca. Ante el silencio de las autoridades de la cárcel y del propio Servicio Penitenciario Bonaerense sobre el episodio, que concluyó con la rápida captura de los fugados, hablan las evidencias. Y ellas demuestran que a fines del año pasado, el juez de Ejecución Penal 1 había ordenado medidas "en carácter de urgente" para subsanar la falta de personal advertida en el área de Vigilancia y Tratamiento del penal. El ministerio de Justicia, de quien depende el servicio carcelario, en lugar de tomar medidas para paliar la situación y garantizar la seguridad intramuros, apeló la decisión del juez Claudio Brun. Pero le fue mal. A mediados del mes de marzo, unos días antes de que llegara a Bahía Blanca el ministro de Justicia Ricardo Casal para entregar escrituras y participar de una jornada sobre juicio por jurados, la Cámara de Apelaciones ratificó la postura de Brun y dejó firme la orden para paliar sin demoras la falta de personal. Si bien la relación cantidad de guardiacárceles por interno fue considerada aceptable (333 efectivos para 575 convictos), el juez advirtió que, al momento de su intervención, un tercio del personal del penal se encontraba desafectado de su función, ya sea por restricciones laborales (28) como por licencias diversas (72). Es decir que en los hechos, había 233 efectivos para controlar al total de presos. "Conforme a lo informado por el propio Director de la Unidad Penal nº 04, el número de agentes que integran cada turno de control de seguridad resulta a todas luces insuficiente para garantizar la seguridad del establecimiento penitenciario, ello teniendo en cuenta la población actual de internos de dicha dependencia" concluyó Brun en base a información aportada por funcionarios de la propia cárcel.

Ante esa situación, el juez ordenó, en una resolución de cinco puntos emitida a fines de 2014 a la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense "arbitre en caracter de urgente las medidas necesarias a los efectos de subsanar la falta de personal advertida en el área de Vigilancia y Tratamiento comprobada por esta judicatura". El propio subdirector de ese área Carlos Choque fue el que reclamó por la carencia de efectivos. "... Considera que la Unidad Penal necesita más personal en todas sus áreas y específicamente en el sector de Vigilancia, dado que la superioridad cuenta al personal con carpeta médica como disponible para cada establecimiento, lo que es un error y eso dificulta saber en definitiva con cuanto personal se dispone en cada unidad" admitió Choque, según cita el juez en su resolución

La actuación del juez de Ejecución Penal 1 se dio en el marco de un hábeas corpus colectivo concedido a fines del año pasado a un grupo de internos de la cárcel bahiense que se habían quejado por las "condiciones infrahumanas de detención, falta de higiene, falta de atención médica, condición de hacinamiento" y la sucesión de "escaramuzas y peleas con pérdidas con vidas humanas" advertidas dentro del penal. Para Brun, esos conflictos y hechos de violencia obedecen a varios factores, entre ellos, la falta de personal de la Unidad Penal 4. Agrega también el "deliberado incumplimiento de funciones por parte del personal de la Unidad, la clasificación y contención de la población alojada en el área de Separación de Convivencia y la circulación de elementos secuestrados", como por ejemplo, las facas, que deberían estar lacradas. Varias de ellas fueran encontradas dentro de cajas cerradas con cintas de embalar. "Para nosotros, así como están, están lacradas" se defendió una subprefecta.

Además de ordenar una solución para la falta de personal, Brun concedió el hábeas corpus, ordenó la remisión de las facas secuestradas a la Dirección General de Seguridad de la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense y recomendó la instauración de un protocolo de actuación para el secuestro, registro, custodia y disposición de los elementos punzo-cortantes secuestrados dentro de la cárcel.

En su apelación ante la Cámara, el ministerio de Justicia solo cuestionó el segundo punto de la resolución de Brun, la orden para que se tomaran medidas urgentes con la falta de personal. La cartera de Casal consideró que el juez se excedió ampliamente en sus facultades y le cuestionó que en lugar de limitarse a ordenar el cese de algún agravamiento en concreto, haya ido más allá y dispuesto cómo debía subsanarse esa situación. En otras palabras, al ministerio le molestó que un juez le marcara lo que tenía que hacer. 

En su respuesta, la cartera de Justicia negó que se hubieran agravado las condiciones de detención y se sostuvo en la relación de 2 interno por agente, sin hacer ninguna mención al centenar de efectivos que, como señala el subdirector Choque, no estaban en funciones. 

La Cámara de Apelaciones, con los votos de los tres jueces de la sala I Gustavo Barbieri, Guillermo Giambelluca y Pablo Soumoulou rechazó los argumentos del ministerio y confirmó la resolución del juez de Ejecución Penal. Los magistrados remarcaron que también el subdirector de Asistencia y Tratamiento del Penal Ruben Moyano refirió que actualmente la Unidad Penal "no cuenta con personal suficiente para las distintas áreas del establecimiento, específicamente, en el sector de Vigilancia y que ese faltante entorpece el desarrollo de las actividades que practican diariamente". Añade la existencia de "89 personas 'con carpeta' que cuando regresan al trabajo, lo hacen con restricciones horarias".

En referencia a ese punto, más adelante, el juez Barbieri nota que el sector A de la cárcel no cuenta con un Jefe de Vigilancia.

"Los datos en los que se sustenta la decisión del Juez de Grado (principalmente en lo que hace a la cantidad de agentes de vigilancia) han sido aportados por el poder administrador, a través de la Unidad Penal, por lo que mal podría considerarse que el Estado no contaba con información para evaluar y adoptar algún tipo de decisión sobre la temática de la que se lo puso en conocimiento" concluyó Barbieri y coincidieron los otros dos jueces

 

 

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